Breve reflexión sobre el Plan de Pago a Proveedores.

El asunto del Plan ideado para que los Ayuntamientos de toda España pudieran o, simplemente, aceleraran los trámites para pagar a sus proveedores es para analizarlo lentamente, cuanto menos. 

Antes de nada comentar que el plan de proveedores no es ninguna superestructura, de la idea o los hechos, y podríamos resumirlo de una manera rápida, llana y sencilla: un crédito para pagar a proveedores que lleva unido un plan de ajuste (recorte). Ni más ni menos. Los bancos prestan un dinero a los ayuntamientos a algo más del 6% de interés, dinero que, anteriormente, ha sido otorgado a los bancos  a través del BCE (dinero público) al 1%. Además podríamos destacar rápidamente que, ni siquiera, podían los ayuntamientos elegir la entidad con la que firmar el crédito. Más parece un rescate de bancos que de proveedores pero esa no es la cuestión en este caso.

Para empezar tendríamos que partir de una base sólida que sirva como primer cuerpo de la pirámide de mastabas que queremos dibujar. Esa base no puede ser otra que la idea indiscutible de que los proveedores tienen que cobrar y no meses y años después de realizar los trabajos. Esto es obvio pero, en la realidad, se actuaba de una manera totalmente distinta a dicha obviedad, dejando que pasaran los meses hasta poder hacer frente al pago de ciertos trabajos realizados, en no pocas ocasiones, por pequeñas y medianas empresas que corrían el riesgo, debido a la conjunción de postergar el cobro a las administraciones y la crisis económica, de ir a pique. Pero claro, no debemos quedarnos en este punto conocido y entendido por toda la ciudadanía y tendremos que preguntarnos ¿por qué no cobran los proveedores?

Supongo que para contestar esta pregunta tendríamos que tener en cuenta los cientos de escenarios que existen. En algunos casos los ayuntamientos habrán ido más lejos de lo que sus economías les permitían; en otros casos habrán sido situaciones puntuales muy relacionadas con la crisis económica o nos encontraremos con impagos provocados por otras administraciones superiores. Todas estas situaciones posibles, y probables, están además rebozadas con otras dos cuestiones: el problema endémico en cuanto a la financiación de los ayuntamientos españoles y la segunda, pero no menos importante, un marcado tinte ideológico de adelgazamiento de lo público que llega, por la vía de la pseudo-intervención, a los ayuntamientos. 

Por lo tanto me centraré en una situación concreta y real ya que analizar todos estos escenarios sería tremendamente aburrido para mí y el lector. 

En primer lugar la financiación local. Los ayuntamientos vienen realizando, de manera histórica, funciones que corresponden a las autonomías. En la mayoría de los casos a través de convenios y acuerdos con las mismas que no presentan mayor problema salvo, como es el caso, que la administración regional no te pague dichos convenios. En ese caso, las posibilidades de un ayuntamiento de la provincia conquense de llevar sobre sus espaldas servicios como CAI, Casas Tuteladas o Ayuda a domicilio se hace un juego de malabarismo imposible de mantener. Por lo tanto, los ayuntamientos deben tener autonomía financiera y no estar sujetos, como norma habitual, a los convenios. Esta autonomía se consigue cumpliendo los pactos de la FEMP, en la política de los tres tercios, para hacer efectiva la suficiencia financiera de los ayuntamientos, como administración gobernada por la ciudadanía y garantizar la atención a los vecinos. A esto tendríamos que añadir una Ley de Financiación Local que defina los recursos y las competencias de las administraciones locales.

La cuestión es que hasta hoy eso no se ha hecho y se ha funcionado a base de convenios que, en muchas ocasiones, hacían llegar las funciones propias de administraciones superiores a los ciudadanos de la mano de sus ayuntamientos.

Aquí enlazaríamos con el siguiente asunto. La Junta de Comunidades adeuda, a día de hoy, cientos de miles de euros, millones de euros en algunos casos, a la mayoría de los ayuntamientos. No es una tabla de salvación para todas las corporaciones, solo para aquéllas cuyo problema de impagos provenga de esta situación que, por otro lado, es tan real como la vida misma. Esto quiere decir que en casos como el de Mota del Cuervo, la Junta de Comunidades adeuda en torno al millón y medio de euros (cifra totalmente variable de un día para otro) y el ayuntamiento ha solicitado en el plan de pago a proveedores unos 380.000 euros. A ningún lector se le escapa, observando además que no hay una tradición de impagos que se arrastren durante años sino todo lo contrario, que este ayuntamiento y sus corporaciones durante este nuevo siglo de burbuja económica, han hecho las cosas bien y han sido más que cuidadosos con el gasto del dinero del contribuyente.

Por lo tanto nos encontramos que, en ciertos casos, este plan no parece tener mucho sentido ya que el crédito lo debería sacar la administración causante del problema y no el sufridor de los inconvenientes. Dicho de otra manera: la Junta debería pagar los intereses por su deuda y no empaquetar a los Ayuntamientos la solución a su problema.

Pero aquí entra la segunda cuestión, la ideológica. La forma de actuar de este plan de pago a proveedores es similar a la que utilizan instituciones como el Fondo Monetario Internacional: intervención de las cuentas para cobrar el dinero. Una actitud que ataca la soberanía municipalista (entre otras cuestiones). Como comento, el plan lleva adherido un recorte obligatorio en casi todas las cuestiones y una subida generalizada de tasas e impuestos. Cada ayuntamiento habrá podido, a priori, ver donde cargaba más las tintas, pero lo que es seguro es que han sido instados a recortar y a ingresar más. Tanto es así que el plan debía ser aprobado después por el ministerio de economía. Como podemos observar se cierra el círculo: una administración superior deja de pagar a un ayuntamiento al que, por supuesto, empuja diariamente al precipicio y, en el último momento, se les otorga (por cierto con gran grandilocuencia y bombo político-mediático) la capacidad de sacar otro crédito más (que ya explicamos que tipo de crédito al principio). Curioso que el que adeuda pueda seguir tranquilamente funcionando y manteniendo su deuda mientras que obliga a los pequeños a hacer lo propio para tapar sus agujeros y, para más inri, con las reglas que ponen los que provocan los impagos. Una situación dantesca que terminará con los ayuntamientos aun mucho más endeudados y, lo que puede ser todavía peor, recortando como locos en los servicios sociales que vienen manteniendo.

En realidad, y siempre ciñéndonos a casos como el explicado o similares, los ciudadanos de cada municipio en estas circunstancias estamos financiando a la Junta de Comunidades y consiguiendo que, a costa de nuestro bolsillo, de nuestros servicios públicos  y de las cuentas de nuestros ayuntamientos, el gobierno regional alardeé de pagar a proveedores y de terminar el primer trimestre de 2012 con superávit.