“Golpe de Consistorio”

De ahí, del pésimo resultado electoral que obtuvo el PP y, por supuesto, de las encuestas que los grupos políticos manejan, y en especial los grandes, nace la idea de intentar mantener el máximo poder municipal posible. Además, por si lo  primero fuera poco, al Gobierno del Estado parece preocuparle, y no poco, que esa pérdida electoral no tiene pinta de recaer, al menos como lo ha hecho históricamente, en la otra “cara de la moneda”

Existen dos cuestiones que saltan rápidamente a la vista del lector, la primera que el Partido Popular sabe que su hegemonía (recordemos que ha alcanzado un poder en las instituciones inédito hasta la fecha) llega a su fin y, la segunda, que no hay otra forma de parar la pérdida que haciendo “cabriolas electorales”. Recordar, y hago solo un inciso en la cuestión principal del artículo, que María Dolores De Cospedal ya ha hecho lo propio en Castilla-La Mancha con el Estatuto y la Ley Electoral para, a pesar la tremenda caída que imagino ven acercarse, puedan mantener el gobierno de la comunidad, al menos, otros cuatro años aunque, para ello, pueda dejar fuera del parlamento a los representantes de otros partidos que reciban, conjuntamente, más de un 20% del voto emitido por la población. Una verdadera aberración democrática a la manchega.

La “cabriola” electoral que propone el PP parte con varias cuestiones que todos podemos compartir que la lastran y la hacen, cuanto menos, inoportuna. En primer lugar porque no es lógico ni normal, palabras que tanto gusta de usar nuestro Presidente, que un solo partido se lance a cambiar esta cuestión tras un varapalo electoral y a pocos meses (menos de un año) para la celebración de los comicios. Es tan inoportuno que hacerlo sería, incluso, impúdico.

Además, hay otras cuestiones que deben preocuparnos. No entraré en el fondo del sistema que se debe seguir en los procesos electorales porque no es el fin de este artículo. Está claro, ya casi nadie duda ya de ello, que los sistemas de reparto de escaños o concejales que tenemos vigente, con sus circunscripciones provinciales y rematado con la Ley D´Hont (no tan problemática como la división provincial), no es, ni de lejos, un sistema que reparta, de manera lo más proporcional posible, el poder con la equidad que sería deseable tras la expresión del sentir popular. También está claro que existen diversas fórmulas y que, aunque no conocemos qué propone exactamente el presidente, se aplican en distintos países cuestiones como las propuestas y otras tantas formas y maneras, casi, como países hay en el mundo. 

La fórmula de que la Alcaldía la ostente el ganador de elecciones, “fórmula anti pacto de los perdedores” –como hoy he escuchado a Esperanza Aguirre-, no tiene en cuenta que nuestras elecciones no hablan de perdedores o ganadores, sino de un reparto de poder que sea concorde con las sensibilidades del municipio en cuestión. No parece que un poder absoluto de un partido (ahora explico esto), por tener un voto más, sea un reflejo de las diversas opiniones políticas del pueblo soberano, sino cualquier otra cosa. Cuando la ciudadanía de un municipio entrega 10 concejales y concejalas a un partido, 9 a otro y 2 a un tercero (como puede ser el caso de Alcázar de San Juan, por poner un ejemplo) no están diciendo que el de 10 deba ser el Alcalde y ostentar el poder, sino que 21 personas forman la nueva corporación y que, entre ellas, deben decidir las cuestiones de su consistorio y, entre ellas, quién será la máxima representación del mismo y podrá ejercer las atribuciones que la Ley le reconoce. Lo demás, la propuesta de Mariano Rajoy, violenta esta tradición electoral y se asemeja a otros sistemas que, sin entrar a juzgarlos o valorarlos, no tenemos asumidos en nuestro país.

A esto debemos añadir una cuestión básica, a mi entender, y que es lo que más preocupación me causa. En el caso expuesto anteriormente, la alcaldía la tendría el partido con 10 concejales y concejalas pero, en realidad, no tendría la mayoría del pleno. Eso quiere decir que, con las Leyes actuales en la mano, su gestión estaría, o podría estar, totalmente maniatada y los 11 representantes de la población que no quieren a dicho alcalde o alcaldesa son más, hasta que se demuestre lo contrario, que los diez que sí –aunque los segundos hayan ganado las elecciones- Esto puede significar que el globo sonda no aporta toda la información y que el Partido Popular puede estar pensado, y es un análisis muy personal de la cuestión, en modificar la Ley de Bases de manera amplía para que el Alcalde ostente un poder mucho mayor, casi absoluto. De esta manera, los plenos perderían importancia y no habría un problema “excesivo” en que los alcaldes y alcaldesas no tengan mayoría en su pleno. Esto podría derivar en pequeños jefes absolutos locales que, perdone que le contradiga señor presidente, no parece que vaya en la dirección de las medidas de regeneración democrática que el pueblo pide a gritos.

En cambio, si de verdad se quiere “regenerar” nuestra vida política, sí podría plantearse, aunque estas medidas no parecen entrar en su lista, la figura de la revocación de cargos electos; la obligatoriedad en la transparencia y rendición permanente de cuentas; marcar las incompatibilidades entre el poder público y privado de manera clara; trabajar una verdadera Ley Anticorrupción; llevar la democracia interna a los partidos; mejorar y ampliar las leyes de participación ciudadana y utilizar los referéndums sobre cuestiones de calado o modificar la Ley Electoral para hacerla más justa y representativa. Darle, en definitiva, la voz durante los cuatro años que hay entre elección y elección, al pueblo soberano.