El gobierno
ha hecho público el coste que tendrá la nacionalización de diversas autopistas,
entre ellas la AP-36 o la R2 que afectan a nuestra región. El mismo queda
marcado, según datos del propio gobierno, en unos 2000 millones que,
obviamente, saldrán de las arcas del Estado, de nuestros impuestos, e irán a
parar a los acreedores de las empresas concesionarias de las autopistas
afectadas porque, entendemos, no son rentables.
En primer
lugar, vemos como se repite la fórmula de rescatar a grandes corporaciones o
bancos mientras no se actúa de la misma manera con las personas. Pero no es ese
el tema del que quería hacer una pequeña reflexión.
Tras la
información del coste de dicho "rescate" a las autopistas el gobierno
lanza otra más: recuperaremos entre 700 y 1000 millones al volver a
adjudicarlas, cosa que se hará antes de acabar 2018 (o lo que es lo mismo, con
bastante rapidez para la administración).
1.- ¿Cómo es
posible que alguien quiera volver a privatizar unas autopistas que se han
demostrado ineficaces? No es fácil comprender, para el ciudadano de a pie, que
un negocio que no funciona vaya a funcionar sin más unos meses después.
Obviamente, falta información y si cualquier empresa seria y sensata paga por
ese negocio es porque las condiciones han cambiado, se han rebajado para ser
más beneficiosas a ojos del empresariado.
2.- ¿Cómo es
posible que estas vías pasaran los filtros para ser obras viables, sostenibles
en el tiempo? Es difícil pensar que las mayores empresas y el Estado no fueran
capaces de ver que no había suficiente volumen de negocio para estas vías. Es
algo que a veces se nos olvida pero, al lado de la corrupción va, en muchos
casos, la realización de obras absolutamente innecesarias y que no responden a
la mayoría de la ciudadanía. Deberíamos sumar a los costes por corrupción para
cada persona, aquéllos de las adjudicaciones inviables o de los sobrecostes.
3.- ¿Por qué
no se aprovecha para poner a disposición de la gente estas nuevas vías que
vamos a comprar con nuestro dinero? En cualquier caso, en el mejor de los casos
podríamos decir, el coste para el erario público rondará los 1000 millones de
euros. Como digo, en el mejor de los casos. Por lo tanto, es una oportunidad de
oro para afrontar inversiones que son imprescindibles para zonas como La Mancha
donde nos arriesgamos a diario por la N-301. No parece lógico poner 2000
millones para rescatar a una empresa que gestiona una autopista, asumir la
pérdida de la mitad de ese dinero y no pensar, ni un solo segundo, que podría
ser un avance en las inversiones importantísimo y con la finalidad de mejorar
la seguridad de la gente.
En
definitiva, debemos presionar para que el gobierno del Estado nos expliqué, con
pelos y señales, que ha pasado con las autopistas quebradas. Nos señalen punto
por punto donde ha ido el dinero y quien se ha beneficiado de esta catástrofe
de diseño y ejecución –herencia de la gestión Aznar.- Y, por último, tenemos
que exigir que no se tiren mil o dos mil millones a la basura y se aproveche,
ya que el gasto parece inevitable, para conseguir una infraestructura pública y
necesaria en La Mancha ahorrando en la más que necesaria inversión que
necesitaría, de no quedar abierta la AP 36, la carretera 301.
Habrá que
seguir intentando que se use, al menos esta vez, la cabeza.
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