Las nuevas fórmulas o tasas en el
repago de medicamentos que el gobierno nacional del Partido Popular ha
instaurado este domingo 1 de Julio –permítanme celebrar que la Eurocopa haya terminado, no solo por
la victoria de España en la misma, que también, sino porque ha sido utilizada
desde su comienzo y de una manera sistematizada para anunciar, explicar (poco) y
aplicar terribles decisiones para la ciudadanía-
es un gravísimo ataque a los derechos de los ciudadanos y un paso más en el
cambio del modelo social de este país, en este caso en sanidad.
Para intentar explicar por qué
elevo esta afirmación es necesario contestar a algunas preguntas que pueden
aclarar ciertos asuntos al respecto de este tema. No se intentará, aunque sé
que los españoles lo habrían agradecido, explicar el tramo en el que, a partir
de ayer, usted se encuentra y, por lo tanto, el porcentaje de dinero que deberá
abonar a su farmacéutico por las medicinas.
¿Cuándo se aplicará la medida?
El aumento del repago, para parte
de la ciudadanía, y el nuevo para los pensionistas ha entrado en vigor el 1 de
Julio (unas horas antes de la victoria de España en Kiev).
¿Cuánto debemos pagar?
Se introduce un nuevo sistema de
códigos en las recetas (adiós a las recetas rojas y verdes) que van desde el 1
al 6. Según ese código, el farmacéutico cobrará un porcentaje distinto. Un 10% a
los pensionistas con un máximo de 8 euros si su pensión es menor de 18.000
euros al año y de 18 euros si es mayor. Un 40%, como pagaban hasta ahora, a los
trabajadores que ganan menos de 18.000 euros al año, un 50% para los que sus
rentas lleguen hasta los 100.000 euros al año y un 60% para quienes ganen aún
más. Básicamente, estas son las nuevas tarifas.
¿Quién toma esta decisión, quién
y dónde se aplica?
La decisión de ampliar el repago
en los medicamentos la toma el consejo de ministros aunque, en la práctica,
serán las comunidades autónomas las que cobren las nuevas tasas. Ya hay
curiosidades al respecto como, por ejemplo, Cataluña o el País Vasco que, a día
de hoy, no están aplicando la nueva norma (los primeros esgrimen el argumento
de falta de tiempo y los segundos, directamente, se declaran “objetores” de la
misma). Además añadir que Andalucía, además de recurrir la norma al Tribunal
Constitucional, no cobrará más de los 8 o 18 euros que los pensionistas pueden
aportar (tendrá su explicación después). Tampoco lo hará Galicia. Por último
tenemos Asturias que tampoco está aplicando la medida por “su gran complejidad
técnica.”
¿Por qué este cambio en el pago
de los medicamentos?
En este caso deberíamos
diferenciar entre las circunstancias que hacen al gobierno poder justificar
esta impopular medida y los motivos, a mi juicio, reales.
En primer lugar el Gobierno toma
esta medida apoyándose en la caída de ingresos producida por la crisis
económica que ataca a Europa, y asola a España, desde el 2008 (brotes verdes
incluidos). Es una acción con la que esperan ahorrar 440 millones de euros (va
unida, si no me equivoco, a la retirada de más de 400 fármacos de la lista de
los subvencionados por la seguridad social) Esta es la justificación que parece
poco convincente por varios motivos:
-
No se ha realizado informe económico. Muy de este gobierno, esos 440 millones
de euros son supuestos porque no hay un informe económico que respalde ofrecer
esa cifra a la ciudadanía. Además no se tiene en cuenta el dinero que ha
costado, o está costando, implantar esta nueva medida. De haber sido la fórmula
mediante unas tarjetas personales con los datos fiscales, creo que hoy
abandonada, el coste habría sido de 900 millones de euros (según diversos
medios de comunicación). La fórmula, sin tarjetas, es de imaginar que ha
costado mucho menos, pero no sabemos, a día de hoy, cuanto exactamente.
-
Si se busca aumentar los ingresos existe la posibilidad de aumentar los impuestos
(vía IRPF o Patrimonio) que, mediante otras fórmulas, no penalizarían la
enfermedad de las personas. Indistintamente del nivel de renta, que sí se tiene
en cuenta a la hora de pagar, aquélla persona que tenga la desgracia de tener
una peor salud o más problemas relacionados con la misma, contribuirá más a la
financiación del Estado. Digamos que lloverá sobre mojado.
-
Existen otras fórmulas de ahorro como, de una vez por todas, que se distribuyan
exactamente las píldoras, jarabes o cápsulas exactas que el tratamiento
necesite. Quizás de esta manera no tendríamos los cajones llenos de “medias
tabletas” (por cierto acción tampoco vista nada bien por los facultativos).
En realidad se me ocurre que el
gobierno busque dos objetivos muy distintos de los anunciados:
-
A largo plazo es un nuevo paso hacia la privatización del sistema. Este paso es
gigante porque amplía el repago y, además, puede ser predecesor (como vemos en
comunidades autónomas como Cataluña) de medidas de copago en asistencia al
médico de cabecera, hospitales, pruebas diagnósticas, etc… El recorte en
sanidad, sea cuál sea, la hace más pobre y peor, de tal manera que todo aquél
que disponga de ciertos medios (entiéndase desde la clase media en adelante e,
incluso y tratándose de la salud, clases más populares aún) se planteará
contratar seguros privados o asistir, puntualmente, a la medicina privada.
Retraso en listas de espera, mala atención por falta de personal, copagos, etc…
son parte de una estrategia de deterioro (utilizado también en otros sectores
públicos).
-
A corto plazo financiación a la desesperada del Estado. Es menos evidente pero
ahí está. A nadie se le escapa que España sufre cada día para financiarse, que
no disponemos de “cash” y que cuando nos prestan es a elevados intereses. No
pagar o cobrar ahora para devolver después es una fórmula muy buena para
aumentar los números en la tesorería. Si no ¿cuál es el motivo para cobrar a un
pensionista más de lo que debe aportar con la promesa de devolverlo en tres o
seis meses? Si un pensionista tiene que aportar, como máximo, 8 euros ¿por qué
extraer de su bolsillo, por ejemplo en un mes, 100? En realidad no tiene ningún
sentido a primera vista y más cuando, como hemos podido comprobar, comunidades
como Andalucía no cobrarán más de esos 8 o 18 euros que tienen que aportar
nuestros pensionistas.
Por cierto, y como colofón,
debido a que la fecha era muy dada a la distracción nacional y pareciendo poco
lo descrito, se aprovechó para subir la luz, el gas, la botella de butano y,
esto un par de días antes, endurecer la más dura reforma laboral aprobada en
este país.
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