Un Pacto insuficiente (por desgracia)

La semana pasada fue protagonista el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un pacto que, a todas luces, es insuficiente para poder acabar con la lacra social que la violencia machista impone a diario. 

Debemos hacer un poco de memoria para poder explicar por qué, a pesar de que de entrada pareciera lógico pensar solo en los aspectos positivos que nos pueden venir a la mente al observar que nuestros representantes se han puesto de acuerdo en algo relacionado con este asunto, no es, ni por asomo, un pacto completo y queda lejos de lo deseable. Un pacto que se ha hecho de rogar a pesar de las innumerables exigencias de distintas organizaciones y de la reivindicación de IU como primera fuerza en pedirlo –legislatura 2000-2004- a través de la diputada Marisa Castro Fonseca.

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue, en su momento, una ley con demasiadas lagunas y han pasado ya 13 años, o hemos tenido que esperar 13 años si lo preferimos, para que se vuelva a abordar este asunto desde una óptica general y, tras más de una década, esta intención no debería quedarse, únicamente, en poner una serie de parches a dicha Ley. El Pacto sobre la Violencia de Género no puede quedarse en una foto, sino que debemos exigirle las medidas, los compromisos, los presupuestos necesarios para cumplirlos y las garantías de que esto se hará. Pero esto no ha sucedido y, además, se ha vuelto a dejar fuera, una vez más, todas las violencias que son realizadas por los agresores que no tienen –o han tenido- una relación de pareja con la mujer agredida.

Por tanto, ¿necesitamos un Pacto de Estado? Por supuesto. ¿Es este el pacto que la sociedad requiere? En absoluto, es insuficiente. Tenemos, por tanto, que dar un enfoque distinto, un nuevo rumbo al Pacto de Estado y que, para empezar, tenga una visión integral de la Violencia Machista y no solo de cuestiones o temas puntuales. Que se fundamente en las políticas de prevención, sensibilización y detección y que amplíe las formas de acreditación de violencia machista –que quedan muy lejos de las deseables e, incluso, de las existentes en leyes autonómicas actuales) Por desgracia, los pasos que se esperan en estos asuntos, o en otros como garantías y recursos o los mismos servicios públicos que se ponen a disposición de las mujeres, no llegan. 

El paso que pedimos, que deseamos, es imprescindible para dejar de individualizar la violencia machista como “casos concretos” para empezar a tratarla como un problema del conjunto de la sociedad, no limitándonos a delitos cometidos en el ámbito doméstico, y de forma residual delitos sexuales en espacios públicos o transnacionales con la Trata de mujeres y niñas. Por tanto, necesitamos un Pacto que saque la violencia machista del ámbito privado y se la trate como una violencia social que se expresa de forma individual, por supuesto, pero también colectiva.

Por último, es necesario que exista un calendario previo de implantación de las medidas para traerlas del “mundo de las ideas” al “mundo de los hechos y las certezas”, a la vez que se dotan económicamente estas propuestas y se incluyen violencias como los vientres de alquiler o la explotación sexual que supone la prostitución.