Sobre el coste de la nacionalización de las autopistas quebradas.

El gobierno ha hecho público el coste que tendrá la nacionalización de diversas autopistas, entre ellas la AP-36 o la R2 que afectan a nuestra región. El mismo queda marcado, según datos del propio gobierno, en unos 2000 millones que, obviamente, saldrán de las arcas del Estado, de nuestros impuestos, e irán a parar a los acreedores de las empresas concesionarias de las autopistas afectadas porque, entendemos, no son rentables.

En primer lugar, vemos como se repite la fórmula de rescatar a grandes corporaciones o bancos mientras no se actúa de la misma manera con las personas. Pero no es ese el tema del que quería hacer una pequeña reflexión.

Tras la información del coste de dicho "rescate" a las autopistas el gobierno lanza otra más: recuperaremos entre 700 y 1000 millones al volver a adjudicarlas, cosa que se hará antes de acabar 2018 (o lo que es lo mismo, con bastante rapidez para la administración). 

1.- ¿Cómo es posible que alguien quiera volver a privatizar unas autopistas que se han demostrado ineficaces? No es fácil comprender, para el ciudadano de a pie, que un negocio que no funciona vaya a funcionar sin más unos meses después. Obviamente, falta información y si cualquier empresa seria y sensata paga por ese negocio es porque las condiciones han cambiado, se han rebajado para ser más beneficiosas a ojos del empresariado. 

2.- ¿Cómo es posible que estas vías pasaran los filtros para ser obras viables, sostenibles en el tiempo? Es difícil pensar que las mayores empresas y el Estado no fueran capaces de ver que no había suficiente volumen de negocio para estas vías. Es algo que a veces se nos olvida pero, al lado de la corrupción va, en muchos casos, la realización de obras absolutamente innecesarias y que no responden a la mayoría de la ciudadanía. Deberíamos sumar a los costes por corrupción para cada persona, aquéllos de las adjudicaciones inviables o de los sobrecostes. 

3.- ¿Por qué no se aprovecha para poner a disposición de la gente estas nuevas vías que vamos a comprar con nuestro dinero? En cualquier caso, en el mejor de los casos podríamos decir, el coste para el erario público rondará los 1000 millones de euros. Como digo, en el mejor de los casos. Por lo tanto, es una oportunidad de oro para afrontar inversiones que son imprescindibles para zonas como La Mancha donde nos arriesgamos a diario por la N-301. No parece lógico poner 2000 millones para rescatar a una empresa que gestiona una autopista, asumir la pérdida de la mitad de ese dinero y no pensar, ni un solo segundo, que podría ser un avance en las inversiones importantísimo y con la finalidad de mejorar la seguridad de la gente.

En definitiva, debemos presionar para que el gobierno del Estado nos expliqué, con pelos y señales, que ha pasado con las autopistas quebradas. Nos señalen punto por punto donde ha ido el dinero y quien se ha beneficiado de esta catástrofe de diseño y ejecución –herencia de la gestión Aznar.- Y, por último, tenemos que exigir que no se tiren mil o dos mil millones a la basura y se aproveche, ya que el gasto parece inevitable, para conseguir una infraestructura pública y necesaria en La Mancha ahorrando en la más que necesaria inversión que necesitaría, de no quedar abierta la AP 36, la carretera 301.

Habrá que seguir intentando que se use, al menos esta vez, la cabeza.

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, mientras crece en CLM.

Hoy es 17 de octubre y el calendario nos recuerda que celebramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Lo triste de esta onomástica es que, en estos días anteriores a dicha celebración, hemos conocido, un año más, cuáles son los datos de nuestra región (y de nuestro país) con respecto a la pobreza.

Castilla-La Mancha tiene a casi el cuarenta por ciento de su población (el 37.9%) en riesgo de exclusión social, encontrándonos muy por encima de los datos de la media nacional (en torno al 10%) y somos la tercera comunidad con peores datos. Por ponerle números a este porcentaje, más de 700.000 personas estarían en esta situación en nuestra región. No cabe duda, tenemos un gran problema. Mayor aún si miramos los datos del año anterior y vemos que, por desgracia, ha crecido este porcentaje del 35% a los números actuales.

Estos datos son solo eso, datos, sino ponemos al lado “cara, nombre y apellidos” de cada una de esas personas que viven en los límites que, estadísticamente, hemos marcado y que, por tanto, están en una situación de riesgo. Nadie duda que con este panorama es muy difícil construir nada –socialmente hablando- y debería ser un tema que abriera a diario nuestros telediarios.

Estas circunstancias todavía pueden empeorar, y lo hacen, si miramos que muchas de las personas que se encuentran ante esta amenaza tienen un empleo, están trabajando. Por tanto, la idea tradicional de que el trabajo nos aleja de la pobreza, de la exclusión, hoy en día está desfasada y la generación de trabajadores y trabajadoras pobres ha llegado, según parece, para quedarse.

Parece, por tanto, una efeméride que viene a recordarnos un problema más que una celebración. Debemos aprovechar este día para tomar una decisión colectiva, del conjunto de la ciudadanía y, por supuesto, de los representantes políticos y que ésta vaya en una sola dirección: dejar a 0 el número de personas pobres o en riesgo de pobreza en la región. 

Para eso debemos actuar en el frente de los ingresos, haciendo nuestros impuestos más progresivos y, a la vez, más justos. Un cambio radical en el tejido productivo con la prestación de servicios públicos y con la generación de empleo en aquellos nichos existentes (cuidados de personas; turismo verde y sostenible; energías alternativas; agroindustria…) Empleos dignos, de calidad y, muy importante, estables.

Y, además, debemos actuar sobre los gastos y poner en marcha sistemas como la Renta Básica Garantizada o el Empleo Garantizado, incluso estudiar otras propuestas de partidos políticos, sindicatos y sociedad en general, que sirvan para acabar con esta lacra. 

De esta manera, con medidas y decisión es la única manera para que en 2018 no celebremos un 17 de octubre con casi un cuarenta por ciento de ciudadanos y ciudadanas, vecinos de nuestros pueblos y ciudades, que no saben si podrán encender la calefacción, tomar las calorías, proteínas o vitaminas  necesarias y recomendadas o comprar el material escolar por situarse por debajo de este vergonzoso umbral.

Un Pacto insuficiente (por desgracia)

La semana pasada fue protagonista el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Un pacto que, a todas luces, es insuficiente para poder acabar con la lacra social que la violencia machista impone a diario. 

Debemos hacer un poco de memoria para poder explicar por qué, a pesar de que de entrada pareciera lógico pensar solo en los aspectos positivos que nos pueden venir a la mente al observar que nuestros representantes se han puesto de acuerdo en algo relacionado con este asunto, no es, ni por asomo, un pacto completo y queda lejos de lo deseable. Un pacto que se ha hecho de rogar a pesar de las innumerables exigencias de distintas organizaciones y de la reivindicación de IU como primera fuerza en pedirlo –legislatura 2000-2004- a través de la diputada Marisa Castro Fonseca.

La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue, en su momento, una ley con demasiadas lagunas y han pasado ya 13 años, o hemos tenido que esperar 13 años si lo preferimos, para que se vuelva a abordar este asunto desde una óptica general y, tras más de una década, esta intención no debería quedarse, únicamente, en poner una serie de parches a dicha Ley. El Pacto sobre la Violencia de Género no puede quedarse en una foto, sino que debemos exigirle las medidas, los compromisos, los presupuestos necesarios para cumplirlos y las garantías de que esto se hará. Pero esto no ha sucedido y, además, se ha vuelto a dejar fuera, una vez más, todas las violencias que son realizadas por los agresores que no tienen –o han tenido- una relación de pareja con la mujer agredida.

Por tanto, ¿necesitamos un Pacto de Estado? Por supuesto. ¿Es este el pacto que la sociedad requiere? En absoluto, es insuficiente. Tenemos, por tanto, que dar un enfoque distinto, un nuevo rumbo al Pacto de Estado y que, para empezar, tenga una visión integral de la Violencia Machista y no solo de cuestiones o temas puntuales. Que se fundamente en las políticas de prevención, sensibilización y detección y que amplíe las formas de acreditación de violencia machista –que quedan muy lejos de las deseables e, incluso, de las existentes en leyes autonómicas actuales) Por desgracia, los pasos que se esperan en estos asuntos, o en otros como garantías y recursos o los mismos servicios públicos que se ponen a disposición de las mujeres, no llegan. 

El paso que pedimos, que deseamos, es imprescindible para dejar de individualizar la violencia machista como “casos concretos” para empezar a tratarla como un problema del conjunto de la sociedad, no limitándonos a delitos cometidos en el ámbito doméstico, y de forma residual delitos sexuales en espacios públicos o transnacionales con la Trata de mujeres y niñas. Por tanto, necesitamos un Pacto que saque la violencia machista del ámbito privado y se la trate como una violencia social que se expresa de forma individual, por supuesto, pero también colectiva.

Por último, es necesario que exista un calendario previo de implantación de las medidas para traerlas del “mundo de las ideas” al “mundo de los hechos y las certezas”, a la vez que se dotan económicamente estas propuestas y se incluyen violencias como los vientres de alquiler o la explotación sexual que supone la prostitución.

En Madrid[i] sobran todas las paradas de autobús de Castilla-La Mancha.

Desde el mes de mayo estamos asistiendo a una batalla curiosa por el cierre de las líneas de autobús en la región. Una batalla de anuncios y contra-anuncios, de denuncias públicas y campañas o como se diría en mi tierra: “estamos llenando el patio de pisás[ii]”

Con unas breves líneas me gustaría clarificar algunas cuestiones obvias y otras que no lo son tanto:

1.- La supresión o eliminación de líneas de autobuses completas o paradas concretas suponen un ataque al medio rural. Diría sin precedentes, pero el conquense que escribe ha visto como en mi provincia se cerraban decenas de escuelas rurales (más de 30 y la mitad de las cerradas en toda Castilla-La Mancha) y como se pretendía cerrar los puntos de urgencia en las localidades pequeñas. Este nuevo ataque es contradictorio al mensaje que nuestros representantes lanzan a diario de “estar preocupados y preocupadas por la despoblación” y “estar actuando contra ellas.” Visto lo visto, las decenas de viajes a Europa para luchar contra esto nos están saliendo caras porque, en la práctica, no hay ninguna intención de trabajar por fijar población en la región y mi provincia, como demuestran estas ocurrencias.

2.- Sin autobuses –único transporte actual para muchos municipios, que no todos- muchas personas de pequeños núcleos poblacionales no podrán salir de su pueblo por su propio pie. Necesitarán depender de hijos e hijas con coche y carnet, vecinos u amigas.

3.- No existe ahorro económico. En no pocas ocasiones, las personas que usan estos servicios son mayores para asistir a las capitales a consultas médicas u otras cuestiones. La administración regional tendrá, a partir de ahora, que aumentar los servicios con ambulancia. Además, se produce un daño económico al perder la conexión entre núcleos y, sobre todo, de capitales como Cuenca que son ciudades universitarias y cuyo acceso, en la mayoría de los casos y para casi toda la región, es a través del bus.

4.- Estamos viviendo una negociación. A nadie se le escapa que existe una negociación entre la empresa (o posibles empresas) adjudicatarias y el Ministerio (donde la Junta de Comunidades no debería ser convidada de piedra y, si bien las líneas no le pertenecen, debe buscar fórmulas que ayude al entendimiento y, llegado el caso, pensar posibles aportaciones a ramales que solo transcurren por la región). En esta negociación,  la empresa utiliza a los Ayuntamientos para presionar amenazando con cierres inminentes, buscando una mayor celeridad en la resolución del conflicto y, supongo, mejores condiciones. El Ministerio, por su parte, juega a crear la sensación de “fin del mundo” y cierre masivo de líneas y eliminación de paradas por dos motivos: el primero intentar conseguir aportación regional y el segundo vender una solución al problema mejor de lo que el imaginario colectivo ya hemos asumido. Me detengo en la segunda.

5.- La situación que generaría el cierre que se está planteando sería tremenda y el Ministerio de Fomento juega a que pasemos unos meses pensando en esa tesitura. Y esto es muy preocupante porque me hace pensar que, a pesar de no saber cómo terminará y en qué términos se licitará el nuevo contrato, ya está claro que habrá recorte de líneas o de paradas. Esto lo digo porque si doy por buena la negociación existente, y creo que no equivocarme en esto, está claro que el Ministerio parte de la situación actual y, por muy mal que le vaya en esa negociación, conseguirá avanzar algo en su propósito: ahorrarse dinero que es lo mismo que eliminar líneas y paradas. Solo una espectacular aportación de la Junta podría frenar ese escenario, y no veo claro que eso suceda. Por tanto, hay que decir antes de que nos anuncien con “fumata blanca” el acuerdo que la ciudadanía quiere que su transporte público siga, al menos, como está. Porque en la actualidad el servicio es deficitario socialmente y escueto. Muy justo para municipios donde para el autobús e inexistente para muchos otros y, por desgracia, no existe un plan para la ampliación de medios como el  ferrocarril –casi ni para el mantenimiento del mismo.-

6.- Servicio a demanda. Otra de las cuestiones que pueden incluir en la negociación sea usar un servicio “a demanda” donde la ciudadanía debe comunicar con 24-48 horas su intención de tomar el autobús. Una solución a medias que a corto plazo no va a satisfacer ni a empresa ni a usuarios. Suponiendo un perfecto funcionamiento de este servicio, seguimos viendo como cambiamos nuestro “encierro” en nuestro pequeño pueblo por un “encierro con horas de salida y previo aviso.” No es la solución a los transportes, no ayudará a frenar la despoblación.

Por tanto, a modo de resumen, la ciudadanía tiene que seguir reclamando un transporte público de calidad y con la máxima frecuencia posible. El aumento, y no la disminución, de las paradas (vemos casos donde los autobuses pasan por municipios sin parar mientras un abnegado padre/madre tiene que llevar con su coche a su hijo al pueblo de al lado –adelantando al propio autobús por la carretera.- El mantenimiento actual y una perspectiva regional de ampliación y mejora de las comunicaciones públicas –no solo grandes inversiones en grandes vías para vehículos privados (concretamente para los vehículos privados que quieren dirigirse a la playa, no a puntos de nuestra región o provincia.)- Y tiene que seguir haciéndolo porque hoy están decidiendo en Madrid qué pueblo se queda sin parada, que línea no va a continuar o que ramal sobra. Hoy, como ayer, debemos defender que nuestros pueblos tienen futuro y reclamar empleo para crecer, por supuesto, mientras defendemos lo poco que nos queda con uñas y dientes porque, sino, será imposible conseguir nada nuevo.

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[i] Entiéndase Madrid como lugar de celebración de las posibles negociaciones entre empresa y Ministerio.

[ii] Licencia para acercar la expresión al lenguaje. Léase Pisadas.

La educación que necesitamos

Habría que empezar por precisar en título de este artículo que, de manera originaria, era “la educación que queremos.” Obviamente ese escenario educativo está, si cabe, mucho más lejos que el de la “educación que necesitamos” que, de por sí y debido a los diferentes gobiernos y medidas que no ayudan, o que directamente van en contra, no es sencillo pero sí realizable.

Necesitamos una educación pública que cumpla su verdadera función: ser un derecho de y para la ciudadanía. Para ello, es imprescindible abandonar el camino de la concertación de centros, máxime en aquéllos lugares donde existen escuelas públicas, para avanzar en la ampliación de la red de centros educativos de titularidad y gestión pública. Una educación que, lógicamente y para poder ser ese derecho que comentamos, debe ser absolutamente gratuita. Para ello es necesario una financiación acorde que, en primer lugar, no debe ser nunca contabilizada como un gasto sino como una inversión –además muy importante- en el futuro de nuestra sociedad. Es imprescindible igualarnos a Europa en este sentido y de manera inmediata creciendo hasta el 5% del PIB y poder, a partir de ese momento, avanzar hacia el 7% deseable.

Necesitamos, de manera urgente, una educación moderna que nos sirva para aprender, para evolucionar y, también, para que todo el alumnado pueda alcanzar el éxito escolar y social. Para ello hace falta introducir cambios metodológicos y organizativos, sobre todo, con respecto a la diversidad del alumnado, aumentando recursos en zonas y centros con mayores desventajas sociales. Cambios en las formaciones profesionales con remuneración de prácticas y aumento hasta los 18 años de la educación obligatoria. Para ello, obviamente, será necesario el aumento de plantillas de profesorado –y no despedirlos en verano- La reducción de las horas lectivas del cuerpo de profesoras y maestros mejorará la preparación y la formación de los mismos y, por supuesto, la reducción inmediata, imprescindible y general –no como medidas cosméticas ni anuncios vacíos- de una ratio de estudiantes que no debe superar los 20 por grupo en Primaria y Secundaria –y mejorar las relaciones entre ambos niveles.- Por su puesto, para formar con equidad deberemos introducir un currículo intercultural, ecológico, igualitario, laico e inclusivo, que debe evaluar los aprendizajes, es obvio, pero también la práctica docente y el funcionamiento de los centros. Incluso el propio sistema educativo.

Necesitamos una educación con un cuerpo único de profesorado, formado permanentemente –teórica y prácticamente- La estabilidad de las plantillas – no podemos seguir utilizando empleo precarios cuando se necesitan, sistemáticamente, miles de personas cada inicio de curso.- Las plazas interinas, por tanto, deben reducirse al mínimo posible y tenemos que reconocer la experiencia de este personal en las bolsas de trabajo, mientras gestionamos accesos diferenciados. Sería importante contar con un estatuto docente que emanara del acuerdo con la representación sindical.

Necesitamos una educación que no estandarice, que no haga “tabla rasa” y que sea permeable a las necesidades educativas de cada alumnado, centro o zona donde está implantada. Siempre, por supuesto, huyendo de la segregación, debemos ampliar la autonomía pedagógica para alcanzar esos objetivos, abriendo la participación democrática –y equilibrada- entre todos los actores de la comunidad educativa. Además, cada barrio, pueblo o zona es diferente y una buena inclusión de la escuela en la ciudad nos ayudará a que el entorno sirva como un auténtico recurso educativo.

Necesitamos una educación que cuide su universidad y la investigación. Esta necesidad es, incluso, como país. Imprescindible abandonar la senda de mercantilización en la que circula la Universidad Española  y que, desde la aprobación de la “Estrategia Universidad 2015” es todavía más patente. La universidad debe ser pública y al servicio de toda la sociedad, gratuita para facilitar el acceso a todos los sectores de la población –con un sistema generalizado de becas-salario en tanto en cuanto se alcanza la gratuidad.- La democracia tiene que gobernar las universidades y la participación se hace imprescindible. Obviamente, con la participación también aparece la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad. Una universidad que sirva para introducir nuevos modelos de investigación que promuevan el desarrollo sostenible compatible con el decrecimiento en el consumo de recursos naturales y, por supuesto, donde se asegure el carácter público de los resultados de las investigaciones.

Podríamos ser más precisos en muchos puntos, ampliar a otras cuestiones que seguro deben cambiarse (¿de verdad sirva para algo una prueba como la EVAU?) pero creo que, con estas líneas, queda claro hacia donde debería caminar nuestra educación y los resultados de la comparación con el sistema actual y hacia donde se está encaminando son claramente negativos. La educación será la base de una sociedad más justa, más equitativa y más capaz de hacernos alcanzar los objetivos, lógicos y comunes, que nos marcamos como pueblo.